WINIFREDA: VIDEOVIGILANCIA DECLARADO SERVICIO PUBLICO
Ante cientos de pobladores movilizados contra la inseguridad, la intendenta Adriana García confirmó que la compra de las cámaras “van a tener un costo” para los frentistas “porque no tenemos manera de financiarlas” desde el municipio. La ordenanza fue aprobada por mayoría.
En la vereda de la Municipalidad de Winifreda, la intendenta Adriana García (PJ), acompañada por sus funcionarios y concejales de su partido político, recibió a los cientos de vecinos que el miércoles a la noche marcharon contra la inseguridad y lograron hacerse oír primero ante la policía. También estaban los ediles de Pro-Frepam, quienes participaron de la marcha.
La jefa comunal reveló ante la multitud que ese mismo día el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza que declara servicio público el sistema de videovigilancia y la faculta a comprar cámaras para instalarlas en la zona urbana.
Además, crea una “tasa retributiva” que será abonada por los frentistas para solventar los costos de mantenimiento, ampliaciones, inversiones, recambio de equipos y margen de utilidad del prestador. Esa normativa fue aprobada horas antes de la movilización por los tres concejales oficialistas y uno de la oposición.
“Nos juntamos para salir adelante juntos porque la inseguridad es un problema de todos”, expresó una profesora de música. “En mi barrio somos muchas las personas grandes que vivimos solas y tenemos miedo”, agregó la mujer.
“Me parece que la policía está actuando. Desde el municipio somos conscientes que hay una cuestión de inseguridad, no sé si será tanta si la comparamos con otros lugares, pero para nosotros es mucha. Estamos ocupados en el tema. Hoy (por el miércoles) se sancionó la ordenanza para poner las cámaras en los once accesos que tiene el pueblo”, manifestó García.
En desacuerdo.
Una pobladora le preguntó si los insumos tecnológicos tendrán costo para los vecinos o si serán comprados por la comuna con el dinero que recauda mensualmente. “Van a tener un costo porque no tenemos manera de financiarlas”, afirmó García. La vecina hizo un gesto con el cual mostró su desacuerdo con pagar por un servicio que en otras localidades es gratuito, por ejemplo en Colonia Barón.
La compra de las cámaras demandaría una inversión cercana a los 500 mil pesos. Su uso provocó varias interpretaciones.
“Tampoco es deseable vivir controlados o vigilados con cámaras, esa no es la solución, pero a corto plazo sería una posible salida, por lo menos hasta ver qué otras políticas se podrían implementar”, opinó una docente.
“Van a visualizar bien los movimientos de las personas que están delinquiendo y que ahora lo hacen libremente porque no alcanza el personal (policial) para vigilar los campos y el radio urbano”, argumentó la concejala Adriana Grosky (PJ).
“Van a ser efectivas, pero no van a solucionar el problema de la drogadicción”, consideró un joven. “Ustedes saben que el narcotráfico es mundial y en el país hay una voluntad de atacarlo. Es difícil, por eso creo que cada familia debe proteger a sus hijos, ocuparse más de ellos, ver qué están haciendo”, indicó García.
“En la última reunión que se hizo en el colegio secundario nos han comentado cosas que años atrás eran inimaginables, no es para que se asusten, pero hay gente que necesita de nuestra atención y no debemos hacernos los distraídos”, finalizó.
Antes de la desconcentración una chica reclamó luminarias para las calles del barrio donde vive. > Luis Barbaschi para LA ARENA 27-03-16 <
