I – Un ministro, cuya permanencia en el gabinete provincial es hoy todo un desafío a la coherencia política, volvió a ocupar las tapas de los diarios al hacer público su papel de loobysta del Ministerio de Seguridad de la Nación en La Pampa con el trasnochado proyecto de instalar a la Gendarmería Nacional en el edificio de la vieja Escuela Hogar construida por Eva Perón y apropiada ilegalmente por la dictadura para instalar allí una guarnición militar.
II – Aquélla usurpación del edificio escolar, que primero tuvo que sufrir en carne de muchos de sus docentes y directivos, la persecución, cárcel y tortura, tenía, al menos, la coherencia -si es que puede usarse esa palabra aquí- de un gobierno de genocidas que intentaba imponerle a la sociedad un modelo de organización nacional en la que los militares se reservaban la cúspide de la pirámide con derecho sobre la libertad, la vida, los bienes y, desde luego, sobre el universo simbólico de los pampeanos. En ese plan, la Escuela Hogar era todo un objetivo que iba más allá de las simples paredes. Tenía como objetivo borrar de la memoria popular, el recuerdo de un símbolo de los años en que el Estado intervenía activamente en la realización del imperativo constitucional de promover el bienestar general y procurar achicar las desigualdades sociales. Borrar el recuerdo de un Estado ocupado en la educación de los niños de hogares más humildes a quienes se los dotó del edificio más moderno y completo de todos los que tenía entonces la ciudad. No había mejor escuela en Santa Rosa a partir de la inauguración del edificio, que la Escuela Hogar que tenía hasta un cine y estaba diseñada para albergar mil niños.
III – Ese ataque a la memoria popular santarroseña y pampeana se continuó en el tiempo en democracia porque ninguna de las fuerzas políticas que gobernaron la Nación tuvo el coraje ni la lucidez de devolver ese verdadero símbolo de la educación popular en La Pampa a sus legítimos dueños, los niños pampeanos y su derecho a estudiar. El año pasado, por primera vez en años, la provincia comenzó un sistemático reclamo para la devolución del edificio que nunca fue transferido y que, en verdad, pertenece todavía a La Pampa. El proyecto que ganó terreno en este proceso de reclamo de devolución fue la instalación en ese lugar de un centro de formación de maestros para hacer honor así al objetivo que su fundación tuvo para la provincia.
IV – Que un ministro del mismo gobierno que había impulsado ese traspaso y esa finalidad en la recuperación del edificio, confiese que está trabajando en contra de ese objetivo y, en cambio, difunde públicamente su boicot a una política de estado y desafía al propio gobernador, obliga a preguntarse sobre la naturaleza del poder del que ha sido investido este funcionario. Ningún ministro permanecería un día en un gobierno si contradice abiertamente las políticas públicas de quien lo ha designado. Porque lo que más llama la atención no es que el funcionario haya enviado una nota presionando al gobernador para que transfiera el edificio a Gendarmería aprovechando que llegaban autoridades de esa fuerza a La Pampa o que se muestre con un gendarme recorriendo el edificio evaluado ese traslado. Lo que llena de estupor es que publique esa carta como un desafío, la presente como una aprobación y comente la visita del gendarme como una alternativa al proyecto educativo que sostiene el gobierno y la gran mayoría de los santarroseños y pampeanos.
V – Esta autonomía del ministro que maneja su cartera no como lo que es, fruto de una delegación de poder, sino casi como un gobierno paralelo, llegó a un extremo aún más grave al filo del fin de semana al conocerse que había despedido sin motivo, ni sumario ni derecho a defensa al hijo de uno de los camaristas que lo condenó e inhabilitó por abuso de poder en 2014. El joven abogado, hijo del juez, se desempeñaba sin reproches y con aprobación de alumnos y autoridades, como profesor de la Escuela de Policía donde impartía Derecho y Seguridad Pública a los policías en etapa de formación. Si algo faltaba para desnudar la idea de provincia que representa el funcionario, el despido del hijo del juez nos muestra la cara más aberrante de alguien que, burlando una condena por abuso de autoridad, quiere imponer justamente ese delito, del que ha sido hallado culpable, como norma de conducta del poder político en La Pampa.
