La Fuchad emitió un duro documento en el que manifiesta sus sospechas respecto a qué situaciones están por detrás del interés que el gobierno de Rodolfo Suárez tiene en avanzar con la construcción de Portezuelo del Viento a pesar de la oposición de las provincias de la cuenca del Colorado.
«Así como en el río Atuel incumple la sentencia de la Suprema Corte, en el Colorado prosigue su camino de desobediencia a la decisión del Comité de Cuenca Coirco. Este jueves en la reunión del Comité avisó que proseguirá avanzando en el proceso licitatorio de la mega represa. Así hace oídos sordos al pedido de cuatro provincias de realizar un nuevo estudio de impacto ambiental», disparó.
La ONG pampeana también cuestionó a la Casa Rosada: «Mientras tanto el Gobierno Nacional sigue arrimando fondos para la discutible construcción». «Hace pocos días el Gobernador Suárez hizo llegar al gobierno nacional decenas de carpetas de estudios que avalan la mega obra. Suárez expresó enfáticamente que Portezuelo es la obra más estudiada del país, pero no pudo decir es que es la mejor estudiada», planteó la Fuchad.
«País aparte».
«El gobierno de Suárez está empeñado a fondo con dicha construcción, no importan las opiniones disidentes, tampoco interesa cumplir con las leyes y decretos que regulan la construcción de represas. Mendoza, país aparte, se siente con derechos suficientes para hacer su voluntad en recursos compartidos. Así el gobierno mendocino explora todos los caminos con el fin de lograr la construcción de la obra sospechada», reza el texto de la Fundación.
En un repaso de lo actuado por el gobierno de la provincia vecina, recordaron que el primer camino fue considerar que el río Grande transcurre solo en el territorio mendocino, ignorando que es la parte más importante del Colorado, razón por la cual el estudio de impacto ambiental lo hicieron solo en su territorio.
«Cuando La Pampa hizo notar que el estudio era parcial y vulneraba la legislación vigente, Coirco -en su anterior composición- resolvió hacer un estudio complementario que abarcaba desde el límite de Mendoza hasta la represa de Casa de Piedra (La Pampa fue la única provincia que se opuso a ese mamarracho técnico y legal).»
«Cuando las circunstancias políticas cambiaron, otras tres provincias adhirieron a la postura de La Pampa. Entonces se decidió por una contundente mayoría que era imperioso realizar un nuevo estudio integral a toda la cuenca», recordaron.
Fuera de la ley.
Desde Fuchad recordaron que, entonces, Mendoza decidió eludir esa decisión, y solicitó que no se aplicaran para Portezuelo las disposiciones de la ley de represas, la que justamente establece el estudio de impacto ambiental integral a toda la cuenca.
«El capricho del gobierno mendocino de construir Portezuelo ni siquiera es avalado por todos los mendocinos. Numerosas ONG se oponen, incluso importantes dirigentes oficialistas y de la oposición consideran que la obra no se debe realizar y piden que los fondos se destinen a otras obras más importantes para la geografía provincial», explicó la Fundación.
Ante esa situación, al ofensiva del gobierno mendocino ya genera suspicacias: «No sabemos el por qué de tanto empeño en hacer la represa tan discutida. Esto lleva a sospecha que hay cosas que no se dicen y que hay elementos que se ocultan. En temas hídricos Mendoza tiene una política muy definida: quedarse con todo, lo propio y lo ajeno. En temas ambientales también tiene una política muy definida: la destrucción ambiental no es un tema que interese. El desarrollo a costa de destruir el ambiente y producir desertificación no entra en la ecuación mental de los gobernantes mendocinos, ni ahora ni antes.» Fuente La Arena
